El acceso a la vivienda es un drama que afecta a una porción cada vez más amplia de población. “Es que queréis vivir en el centro con todas las comodidades”, te dicen. La realidad es que no solo es imposible vivir en el centro de las grandes ciudades, sino que es sumamente difícil encontrar un alquiler asumible en la periferia e incluso en localidades situadas a 50, 100 y hasta 150 kilómetros de las urbes. 

A menudo escucho a un montón de personas quejarse de que todo -no solo la vivienda, cualquier zopenco lo sabe- está carísimo, y es cierto, pero es que tenemos unos sueldos de mierda. “Los poderes públicos” deben hacer su trabajo porque eso de que el mercado se autorregula es una falacia.

Un estudio publicado por el IDRA (Instituto de Investigación Urbana de Barcelona) -imprescindible su lectura- ofrece datos alarmantes. Por ejemplo, que la mitad de los inquilinos queda en situación de pobreza severa relativa tras el pago de la vivienda, o que uno de cada tres hogares destina más del 50% de sus ingresos al alquiler; también desmonta el mito de que hay muchos inquilinos que no pagan o de que hay un alto riesgo de “inquiokupación”.

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Esto les suena ¿verdad?

Fernando Prado.

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