Últimamente todo me produce un aburrimiento atroz. Y no es que la realidad no se esfuerce en ofrecernos una programación de espectáculos las veinticuatro horas, sino que precisamente por eso, por la saturación, he llegado al aburrimiento y, lo que es peor, a la apatía.

Algunas personas no tienen el más mínimo interés en mantenerse informadas, en estar al día de lo que acontece en la vida política, en saber qué está ocurriendo más allá de la burbuja en la que viven; tampoco, dicen, necesitan debatir internamente, pensar, divagar, analizar y crearse una opinión propia -”no tengo tiempo para eso”- y acaban repitiendo -todos, en cierta medida, lo hacemos- los discursos más cómodos y afines, aquellos que mejor resuenan en sus salones sin comprobar cuánto hay de realidad en ellos y cuánto de ficción, cuánto de justicia y razón o cuánto de mentira y manipulación.

Así es como estamos de acuerdo con que se espíe a políticos catalanes -qué otra cosa podía hacerse cuando estas personas querían declarar la independencia, ¿no?- o asumimos que bajar impuestos ayuda, entre otras cosas, a mejorar la calidad de los servicios. Hemos perdido el olfato y el paladar, pero afortunadamente, aún poseemos un estómago que lo digiere todo.

El asunto del espionaje es gravísimo; viene a decir que un Estado supuestamente democrático puede utilizar procedimientos antidemocráticos para espiar a políticos, empresarios, periodistas, zapateros o libreros -es decir, a ti o a mí- si se les considera el enemigo. Enemigos de quién, enemigos de qué, me pregunto. Sabíamos que no habría una declaración de independencia, que era un jueguito, un farol, una tomadura de pelo y que, posteriormente, la justicia se ensañaría con los principales implicados. La cuestión es si debemos justificar el uso de tecnologías como el famoso software Pegasus para espiar al político de otra ideología, al periodista incómodo, o simplemente, al ciudadano que piensa diferente. La respuesta es sencilla: no. Un Estado no se puede permitir semejante vulneración del marco democrático y legal; es decir, un Estado no debería poder hacer lo que quiere sin que haya consecuencias. Y tiene que haberlas. Todos, incluso los perezosos y aburridos, necesitamos que se investigue y se determine quién autorizó el espionaje, con qué fines, qué se hizo con la información obtenida y dónde está; es imprescindible que haya responsables.

Por otra parte, y en lo que se refiere a bajar impuestos, no creo que haya que ser un gurú para saber que los principales perjudicados serían -siempre lo han sido- los sectores más desfavorecidos de la sociedad, los de menor poder adquisitivo. Menos impuestos equivale a más recortes en sanidad y educación públicas, en dependencia, en igualdad, en servicios, en coberturas por desempleo y un larguísimo etcétera. Esto conllevaría una merma -aún mayor- en derechos ciudadanos; una sociedad llena de brechas en la que cada vez más personas verían disminuidas sus oportunidades y el acceso a la salud y a la educación.

En esta era de la inmediatez, que pasa, sin embargo, por un período de insoportable letargo, se llega rápidamente a la apatía. Ya tenemos suficiente con los excesos de realidad de nuestras propias vidas como para preocuparnos por otras cosas, pero es imprescindible que estemos informados, que nos formemos nuestras propias opiniones, que debatamos, que desarrollemos un pensamiento crítico, que nos indignemos ante las injusticias y que nos mantengamos inflexibles ante los abusos de poder, las derivas antidemocráticas, la corrupción y los comportamientos de los mercaderes sin escrúpulos que ocupan cargos públicos. Es tremendamente difícil, lo reconozco, pero no tenemos opción.

Fernando Prado.

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